Noviembre es el mes en que muchas organizaciones cierran su ciclo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), revisan metas y preparan su plan de 2026. En ese balance, la Ley de Inclusión Laboral se vuelve un eje clave para las empresas por su impacto en cultura, reputación y gestión del talento. Para el área de Recursos Humanos o Gestión de Personas, este es el momento de medir avances, corregir brechas y asegurar que la inclusión se refleje en procesos reales y en indicadores verificables.

En los últimos meses del año, los equipos de gestión revisan no solo resultados financieros, sino también el cumplimiento de compromisos sociales. La inclusión laboral, más que una obligación normativa, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la RSE, atraer talento diverso y consolidar un entorno laboral más justo y productivo.

Qué exige hoy la normativa.
La Ley N° 21.015 promulgada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en 2017, establece que los organismos públicos y las empresas privadas con 100 o más trabajadores deben reservar al menos 1% de su dotación para personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. La Dirección del Trabajo, en sus orientaciones de 2019, precisó la implementación escalonada según tamaño de dotación y la obligación de ajustes razonables en los procesos laborales, reforzando la prohibición de toda forma de discriminación.

En 2024, la Ley N° 21.690 de la República de Chile introdujo modificaciones al Código del Trabajo que fortalecen la inclusión laboral. Entre ellas, un régimen de fiscalización más estricto y nuevas exigencias de gestión interna para acreditar el cumplimiento del porcentaje exigido. Este marco regulatorio requiere que las empresas cuenten con registros trazables, procesos auditables y una declaración ante la Dirección del Trabajo que dé cuenta de las medidas implementadas.

Errores habituales de las empresas.

• Cálculo y continuidad del 1%. La proyección sobre dotación suele verse afectada por la rotación o reorganización de personal. La Dirección del Trabajo enfatiza la importancia de mantener evidencias consistentes durante todo el año. 
• Reporte y evidencias insuficientes. El SENADIS, en su Instructivo para reportar la Ley N° 21.015 de 2022, orienta sobre cómo estructurar respaldos de reclutamiento, adaptación y accesibilidad para la comunicación electrónica.
• Cultura y procesos poco integrados. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en su Informe de evaluación sobre la implementación de la Ley N° 21.015 de 2023, identifica brechas cuando la inclusión no se incorpora a selección, inducción, desarrollo y compras.

Cómo medir el avance antes de fin de año.
El primer paso es realizar una auditoría interna con corte en octubre y verificar la continuidad hasta diciembre. Es recomendable validar el porcentaje real con evidencia documental, registrar reemplazos en caso de desvinculaciones y revisar si los ajustes razonables están formalizados en los procesos de selección, inducción y evaluación. Además, conviene aplicar un diagnóstico de accesibilidad en infraestructura, señalética y herramientas digitales, y definir indicadores de retención y movilidad interna de personas con discapacidad, junto con un índice de clima inclusivo que permita observar avances concretos.

En empresas donde la operación involucra múltiples áreas y proveedores, la inclusión sostenible se construye con prácticas integrales. Incorporar criterios de accesibilidad en compras, mantención y limpieza profesional fortalece el entorno laboral, reduce barreras físicas y sensoriales y aporta continuidad operativa. Estas acciones, alineadas a la Ley de Inclusión Laboral, refuerzan los compromisos de RSE y proyectan una imagen corporativa coherente y responsable.

Fuentes oficiales que conviene revisar.
La Ley N° 21.015 constituye la base del marco regulatorio sobre inclusión laboral. Para orientación práctica, el SENADIS ofrece el Instructivo para reportar la Ley N° 21.015 (2022), toca aquí para descargarlo. Aunque fue elaborado originalmente para organismos públicos, su contenido ofrece una guía clara para cualquier organización que deba preparar evidencias de cumplimiento ante la autoridad. Para evaluar avances, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social publicó el Informe de evaluación sobre la implementación de la Ley N° 21.015 (2023), donde se analizan resultados y desafíos del sector público y privado. A su vez, la Dirección del Trabajo mantiene las directrices sobre la comunicación electrónica de cumplimiento, mientras que la Ley N° 21.690 de la República de Chile, promulgada en 2024, actualiza el régimen sancionatorio y amplía las responsabilidades internas de las empresas.

Una política de inclusión sólida se nota en los detalles diarios y en la trazabilidad del cumplimiento. Mantener estándares, medir con rigor y apoyarse en empresas externas profesionales permite sostener este compromiso y convertirlo en un sello de gestión responsable y productiva para el mercado en Chile.